Tres vuelos aterrizaron este viernes en Caracas. Incluían niños que quedaron en EE.UU. luego de que sus padres fuesen expulsados. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que diez estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela «ya van rumbo a la libertad
Inmigrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador y encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megaprisión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fueron liberados y llegaron a su país natal este viernes, confirmó un alto funcionario del régimen de Nicolás Maduro a Noticias Telemundo.
Bukele informó en un comunicado en X que su Gobierno entregó “a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país” y recordó que eran acusados de formar parte de la banda criminal Tren de Aragua. “Muchos se enfrentan a múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves”, añadió.
El mandatario salvadoreño explicó que los presos fueron intercambiados “a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que ese régimen había mantenido en sus cárceles durante años, así como de todos los ciudadanos estadounidenses que mantenía como rehenes (…) quienes se dirigen ahora a El Salvador, donde harán una breve escala antes de proseguir su viaje de regreso a casa”.
Bukele sugirió a finales de abril el intercambio a Venezuela, que reaccionó a través del Ministerio Público tildando la propuesta de “cínica” y acusó a Estados Unidos y El Salvador de violar el “derecho internacional” y cometer un “crimen de lesa humanidad” al mantener detenidos a los venezolanos.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que se llevó a cabo canje, y fue resultado de negociaciones desde hace semanas con ambos países para concretar el intercambio de prisioneros estadounidenses a cambio de los migrantes venezolanos detenidos en El Salvador
Las autoridades venezolanas informaron que los inmigrantes, cuya cifra no se ha especificado, arribaron al país en tres aviones, incluido uno en el que viajaban los hijos de quienes fueron deportados de EE.UU. a El Salvador y tuvieron que ser separados de ellos, por lo que ahora podrán reunificarse en Caracas. Los otros dos vuelos transportan a quienes estuvieron en el CECOT.
El 8 de julio, un acuerdo preliminar colapsó, luego de que Rubio pusiera sobre la mesa que la empresa petrolera Chevron, una fuente vital de ingresos para el régimen venezolano, continuara con sus operaciones en el país sudamericano, a cambio de la liberación de los presos estadounidenses, dijeron funcionarios de la Administración Trump al diario The New York Times.
Las fuentes aseguraron que las negociaciones tuvieron dos vías del lado estadounidense, una gestionada por Rubio y otra por el enviado del Gobierno federal, Richard Grenell, frente al representante de Venezuela, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Durante las gestiones, según las fuentes, los funcionarios estadounidenses terminaron enfrentados, dejando en evidencia las distintas posturas respecto en cuanto a cómo abordar la situación de Venezuela y provocando que el régimen no supiera quién hablaba en nombre de Trump.
Pese a no haber llegado a un acuerdo, la oferta de intercambiar inmigrantes deportados a El Salvador por prisioneros en Venezuela continúo sobre la mesa, ya que la Casa Blanca no tiene intención, al menos por ahora, de permitir que Chevron reanude sus operaciones en suelo venezolano, añadió un funcionario al diario.
Denuncias sobre malas condiciones en el CECOT y otras prisiones salvadoreñas
El CECOT de Bukele ha sido objeto de críticas por parte organizaciones defensoras de los derechos humanos de internacionales y de El Salvador, que han alertado sobre condiciones precarias para los reclusos.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado hacinamiento extremo, tortura y otros problemas en el CECOT, así como en otras prisiones del país.
En los últimos años, Bukele ha utilizado poderes de emergencia para suspender ciertos derechos fundamentales y permitir la detención de decenas de miles de personas sospechosas de ser miembros de pandillas callejeras. Más de 80,000 han sido detenidas desde la orden.
Los grupos defensores han documentado años de abusos contra los derechos humanos en el sistema penitenciario salvadoreño, así como detenciones indefinidas sin acceso a un proceso justo. El año pasado, la organización de derechos humanos Cristosal informó de que al menos 261 personas han muerto en las cárceles salvadoreñas desde 2022.
Bukele se ha jactado del sistema de encarcelamiento masivo de su país. “La tasa de encarcelamiento más alta del mundo/el país más seguro del hemisferio occidental. No es ciencia espacial”, escribió en la red social X en febrero de 2024.
Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, dijo: “Podemos decir con toda firmeza que el sistema penitenciario salvadoreño no es lugar para los migrantes”. La organización, que lleva años realizando trabajo de campo en El Salvador, ha publicado recientemente dos informes sobre las condiciones carcelarias en el país.
“Hemos documentado casos de tortura, malos tratos, desnutrición y falta de acceso a servicios médicos”, explicó. “Hemos documentado casos muy graves de restricción del debido proceso. En el CECOT en particular, la gente que ha entrado no ha salido”.
Bukele y su Administración prometió en su momento que se aseguraría de que cualquiera que entrara en el CECOT no volviera nunca a sus comunidades.
Los expertos y abogados afirmaron estar muy preocupados porque a los inmigrantes se les negará el debido proceso, tanto en lo que respecta a cómo fueron expulsados de Estados Unidos como en sus casos de inmigración en curso en el país, y por su destino mientras permanecen en El Salvador.
Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, señaló que “el sistema judicial en El Salvador se ha derrumbado” y que carece de la independencia para tratar adecuadamente los problemas que enfrentan los propios ciudadanos del país, y mucho menos las preocupaciones de debido proceso para los inmigrantes venezolanos recientemente enviados a El Salvador.
“Para Bukele, justicia significa encarcelamiento masivo”, comentó.
Goebertus añadió que debido a que no había independencia judicial en el país y por el estado de emergencia, “estas personas no tienen recursos en El Salvador
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